Análisis criminal y seguridad pública post pandemia
“Se requieren analistas criminales bien formados para explorar las respuestas a la interrogante sobre si la pandemia y lo que se dejó de hacer tienen un efecto criminógeno y si aquello que se vuelva a hacer jugará un rol disuasivo” -Patricio Tudela
Una de las consecuencias imprevistas de la pandemia y de la crisis social y económica, es que cambiaron sustantivamente los retos y las prioridades de la gestión de la seguridad en las ciudades de la región, con independencia del desarrollo urbano y humano alcanzado. El panorama de la inseguridad en Latinoamérica se transformó y es posible que de manera definitiva o, al menos, durante un largo tiempo. Desconocemos la magnitud que tendrán factores como el desempleo, la pobreza, los mercados ilícitos, la desigualdad, los factores demográficos.
En tanto en cada país se publican las cifras de criminalidad e inseguridad del año anterior, recién se analizan estadísticamente y verifica si los pronósticos acerca de los efectos del Covid-19 han acertado o no. La evidencia empírica de su impacto en la delincuencia e inseguridad de las personas es escasa o inexistente, debido a las limitaciones de los datos y sistema de información, lo que exige más atención de los analistas criminales e investigadores de la academia.
Las fuentes oficiales muestran cambios sin precedentes relacionados con la pandemia, que difieren por tipo de delito, por país o ciudad y período. Dada la heterogeneidad de las dinámicas emergentes, no sabemos cuan “extraordinarios” son los cambios. En los primeros meses se informó sobre fluctuaciones en homicidios, violencia armada, violencia doméstica, robos y hurtos en casas y lugares públicos, delitos informáticos, mercado ilegal de drogas y especies, entre otros. En todas partes habría cambios significativos, pero desconocemos la magnitud y su latencia. Es urgente identificar qué cambia de manera permanente y por qué. Y qué no cambia y por qué no. Sería un error aventurar que los factores de riesgo conocidos juegan el mismo papel.
Debido a las medidas que impiden el desplazamiento de las personas, que alteran las actividades rutinarias y modifican estilos de vida, las circunstancias que facilitan delitos también cambiaron. La frecuencia, la incidencia y los patrones de actividad criminal varían sin obedecer las inferencias razonables que surgían de las teorías más recurridas: la teoría de la elección racional y de las oportunidades para el delito. Las circunstancian propicias han cambiado, los blancos “atractivos” (víctimas y los bienes más apetecidos en el mercado ilegal e informal) no son los mismos y las motivaciones de los delincuentes tampoco.
Los pocos análisis se concentran en grandes ciudades y áreas urbanas, de tal forma que no se conocen los efectos en áreas urbanas más pequeñas y áreas rurales. Hay nuevos contextos y “nuevas” oportunidades. Hay fluctuaciones que asombran y preocupan. En Chile, por ejemplo, se registran más homicidios durante la pandemia, de lo que ocurría en años anteriores. Los encargados del diseño y ejecución de políticas públicas de prevención de la violencia deberán considerar los nuevos contextos de la violencia letal. Los criminólogos deberán ajustar obligadamente sus reflexiones a la luz de la evidencia.
¿Qué ha sucedido? ¿por qué está ocurriendo? ¿Qué habría que hacer? Las respuestas no serían hoy las mismas de hace un año. Los analistas y especialistas deberán ajustar sus reflexiones y recomendaciones. Pero, ¿Cuál es la evidencia?
Al intentar responder las interrogantes hay que buscar objetividad, y señalar que la pandemia no explica ni justifica todo lo que hoy desconocemos. Mientras, por una parte, hay dificultades reales para medir y hacer un seguimiento a las tendencias de la seguridad pública e inseguridad objetiva y subjetiva, por otra, también se hacen aún más evidentes las limitaciones tecnológicas y, sin duda, las precarias capacidades institucionales para el análisis criminal y de la inseguridad. La escasa producción de datos e informaciones necesarias para tomar decisiones oportunas es en realidad pre-pandémica. A esa se suma la falta de integración de los sistemas de salud pública y de atención de llamadas de emergencias, del tipo 911. Esta es una triada necesaria en la región y una deuda con la protección de las personas.
Poco se sabe del subregistro y de cómo varia en pandemia. Sabemos que las encuestas son el mejor instrumento para medir y comparar la victimización por delitos entre diferentes universos, pero en tiempos de pandemia y de catástrofes humanitarias no son recomendables. Así, con dificultad podríamos determinar si hubo menos ilícitos, si las personas en realidad denunciaron menos, si el acceso a registrar denuncias se volvió más complejo, u otras posibles explicaciones.
A lo dicho, se suman las limitaciones para acceder a datos desagregados en jurisdicciones más pequeñas y cuadrantes, y determinar de esta manera cuál es la real efectividad de las tácticas y estrategias de vigilancia policial, volcando nuevamente la mirada sobre la falta de acuerdo acerca de los indicadores de desempeño policial que interesan a la policía, las autoridades, los medios de comunicación y las comunidades interesadas.
Sin duda, no es tan solo un problema de tecnología, sino que también de información válida y empleable. Uno de los efectos inadvertidos es el derrumbe momentáneo de la conducción de políticas basadas en evidencia, especialmente la evaluación de la intervención policial con base a diseños cuasi-experimentales. Por la dificultad para encontrar un grupo de control, sin efectos durante la pandemia, es poco aconsejable durante un tiempo. Asimismo, el empleo con algoritmos para el reconocimiento facial y el pronóstico de delito encuentran serias dificultades prácticas.
En el contexto de las necesidades de mejora de las programas y políticas públicas, habrá que asumir las consecuencias metodológicas de la interrupción forzosa de las intervenciones socio-comunitarias y de prevención situacional. No sabemos aún cuáles son los efectos colaterales y estructurales en cada caso. Puesto que se trata de áreas o territorio específicos, de los efectos desconocidos de la pandemia en diferentes contextos socioeconómicos, los diagnósticos y líneas de base construidos antes y durante la pandemia se vuelven inútiles.
No obstante, ya se pueden aventurar algunas consecuencias prácticas sobre cómo la pandemia afecta la actividad criminal, estableciendo retos para los analistas criminales, y la urgente actualización de los sistemas de información para una mejor gestión de la seguridad pública. Se requieren analistas criminales bien formados para explorar las respuestas a la interrogante sobre si la pandemia y lo que se dejó de hacer tienen un efecto criminógeno y si aquello que se vuelva a hacer jugará un rol disuasivo.
Hay mucho por hacer, desde corregir las limitaciones de los registros y bases de datos, que no siguen estándares comunes entre organismos públicos que deberían interoperar, hasta generar sistemas integrados de información de seguridad pública y ciudadana, salud pública y atención de emergencias locales.
* Patricio Tudela Poblete es Doctor en Antropología (Ph.D.) y Máster en Gestión y Dirección de la Seguridad. Es miembro de la International Association of Crime Analists (IACA) y da clases en la Academia Superior de Estudios Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile, además del postgrado de Seguridad Urbana de la U. Alberto Hurtado y el Programa de Formación de la Fundación Bosh i Gimpera (U. de Barcelona).